Discapacidad en emergencia!
Mensaje urgente desde las instituciones a nuestros Representantes.
Desde las instituciones hacemos un llamado a pensar que la crisis económica y social que atraviesa nuestro país no puede obligarnos a actuar de manera reactiva y desconsiderada para con nuestros conciudadanos y mucho menos inmoralmente.
En estos tiempos tan difíciles es necesario reflexionar sobre una manera que nos permita acercar soluciones urgentes a la grave situación económica de las prestaciones para personas con discapacidad y que esto no sea desconociendo la realidad del otro, sujeto de derecho, al igual que cada uno de nosotros.
Siguiendo esta línea nuestro país adhiere a la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y le da jerarquía constitucional por la ley 27.044 sancionada en 2014. Esta convención define que las personas con discapacidad como aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que, en interacción con diversas barreras, pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás.
La sociedad, como cuerpo, cuenta con diversos órganos que realizan distintas funciones para su bien integral. Es cierto que hay funciones más esenciales que otras, sin las que no se podría vivir, pero sería imprudente que cada miembro se vuelva sobre los demás afirmándose como esencial y destruyendo al resto.
Somos las instituciones que los hemos convocado las que nos enfocamos en deconstruir las barreras que impiden la posición de unos sobre otros, tratando de potenciar las posibilidades de las personas con discapacidad sin centrar la atención en las deficiencias que les impiden la integración social.
Si aceptáramos la lógica de unos sobre otros y, sin nuestra intervención como fortalecedores de lazos de interacción necesarios para que las personas con discapacidad puedan de manera plena acceder a los derechos que la convención reconoce, ¿quién quedaría? ¿qué servicio? ¿qué función se sostendría como esencial? Algunos dirían los hospitales, otros la escuela, otros la seguridad, otros la justicia, otros la religión, otros las empresas privadas, etc.
Y, si esta mentalidad se aplicara sobre todos nosotros, algunos dirán que en los momentos difíciles hay que cuidar a los fuertes e inteligentes porque pueden sacar adelante a la comunidad. Entonces se discutiría sobre quiénes son los más fuertes y los más inteligentes. Otros volverían la mirada hacia los más débiles y entonces la disputa sería acerca de quién es el más débil, el más indefenso, el más dependiente con tal de salvarse.
En este momento crítico que atravesamos como país y sociedad, tenemos que evitar que se imponga la mentalidad de unos sobre otros, porque eso conduce a la exclusión y a la destrucción. Si ella vence entonces se construirá un país sin lugar para todos y, entonces así, no lograremos ni un país ni una sociedad inclusiva.
Nuestro trabajo, como fortalecedores de lazos debe además, cumplir con las condiciones que, el marco básico que regula el sistema de prestaciones nos asigna, definiendo cuales son nuestros costos mínimos para funcionar, volviéndose más perverso e injusto ya que la prestación de los servicios se encuentra regulada por aranceles impuestos y desactualizados que no tienen relación con la situación económica y financiera actual.
Hoy, nos encontramos en la difícil situación de ver que cada vez son más las instituciones que cierran o se endeudan por la brecha existente entre el costo necesario para cumplir con las condiciones impuestas por el marco básico regulatorio y el precio que el estado asigna a las prestaciones.
En nuestra provincia la situación es realmente crítica, ya que, la obra social provincial IAPOS, tiene aranceles diferenciados del nomenclador nacional. Estos aranceles, deberían haber aumentado entre enero y febrero un 31% para igualar el nomenclador nacional, que a la fecha se encuentra en casi un 100% desactualizado con respecto a los costos necesarios para que las instituciones mantengan el nivel de prestaciones adecuado. Misma situación se presenta para el transporte, un servicio esencial que permite el acceso a las distintas prestaciones que brindamos a las personas con discapacidad.
Defender que un servicio, una función, es más importante que las demás, cuando éstas responden a verdaderas necesidades fundamentales de las personas, es ser funcional a la mentalidad de unos sobre otros. Es desandar el camino recorrido y desconocer al otro como sujeto de derecho.
Discutir sobre quién es el más importante es competir entre todos y esto lleva a que queden unos pocos, los ciudadanos que son útiles a la sociedad. Nuestro diálogo, preocupación y trabajo no puede ser sobre quién queda fuera, sino cómo logramos que todos, como miembros de un mismo cuerpo, de una sociedad, seamos tenidos en cuenta y aportemos para el bien de cada uno y de todos. Consideramos que todos los miembros son importantes y deben ser apoyados en su necesidad. La lógica de la exclusión va a llevarnos a autodestruirnos entre todos, porque cada uno buscará la manera de mostrar que tiene más derecho a subsistir que los demás. Si los fondos que financian el funcionamiento de estos servicios, son insuficientes, no nos permitirán garantizar nuestras fuentes de trabajo, negándoles el acceso y vulnerando directamente la calidad de vida de este sector de la población que como sociedad parece haber quedado rezagado o en el olvido.
A nivel nacional están en riesgo más de 100,000 puestos de trabajo y la atención de 200,000 personas con discapacidad que acceden a distintas prestaciones sólo en las instituciones categorizadas. Seamos inteligentes y busquemos que todos sigan adelante porque las necesidades de las personas son diversas. La inclusión nos lleva a reconocer que los requerimientos de unos son tan importantes como los de los otros. Unos necesitan un lugar donde vivir, otros requieren Pág 3 estimulación para desarrollarse, educación, capacitación y/o traslados para recibir lo que requiere según su realidad vital. Como una primera medida solicitamos, la aplicación de paliativos tales como la exención de los impuestos municipales y provinciales por un período determinado, hasta tanto podamos revertir la difícil situación económica en la que estamos sumidos.
Como representantes de las instituciones, los invitamos a pensar, dejamos abierto el dialogo para trabajar juntos en la búsqueda de más soluciones, ya no temporales sino definitivas para evitar la desaparición de todos los servicios del sistema de prestaciones básicas a favor de las personas con discapacidad.
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SON SUJETOS DE DERECHOS, NO DEBEMOS OLVIDARLO.
Nuestro trabajo, como fortalecedores de lazos debe además, cumplir con las condiciones que, el marco básico que regula el sistema de prestaciones nos asigna, definiendo cuales son nuestros costos mínimos para funcionar, volviéndose más perverso e injusto ya que la prestación de los servicios se encuentra regulada por aranceles impuestos y desactualizados que no tienen relación con la situación económica y financiera actual.
Hoy, nos encontramos en la difícil situación de ver que cada vez son más las instituciones que cierran o se endeudan por la brecha existente entre el costo necesario para cumplir con las condiciones impuestas por el marco básico regulatorio y el precio que el estado asigna a las prestaciones.
En nuestra provincia la situación es realmente crítica, ya que, la obra social provincial IAPOS, tiene aranceles diferenciados del nomenclador nacional. Estos aranceles, deberían haber aumentado entre enero y febrero un 31% para igualar el nomenclador nacional, que a la fecha se encuentra en casi un 100% desactualizado con respecto a los costos necesarios para que las instituciones mantengan el nivel de prestaciones adecuado. Misma situación se presenta para el transporte, un servicio esencial que permite el acceso a las distintas prestaciones que brindamos a las personas con discapacidad.
Defender que un servicio, una función, es más importante que las demás, cuando éstas responden a verdaderas necesidades fundamentales de las personas, es ser funcional a la mentalidad de unos sobre otros. Es desandar el camino recorrido y desconocer al otro como sujeto de derecho.
Discutir sobre quién es el más importante es competir entre todos y esto lleva a que queden unos pocos, los ciudadanos que son útiles a la sociedad. Nuestro diálogo, preocupación y trabajo no puede ser sobre quién queda fuera, sino cómo logramos que todos, como miembros de un mismo cuerpo, de una sociedad, seamos tenidos en cuenta y aportemos para el bien de cada uno y de todos. Consideramos que todos los miembros son importantes y deben ser apoyados en su necesidad. La lógica de la exclusión va a llevarnos a autodestruirnos entre todos, porque cada uno buscará la manera de mostrar que tiene más derecho a subsistir que los demás. Si los fondos que financian el funcionamiento de estos servicios, son insuficientes, no nos permitirán garantizar nuestras fuentes de trabajo, negándoles el acceso y vulnerando directamente la calidad de vida de este sector de la población que como sociedad parece haber quedado rezagado o en el olvido.
A nivel nacional están en riesgo más de 100,000 puestos de trabajo y la atención de 200,000 personas con discapacidad que acceden a distintas prestaciones sólo en las instituciones categorizadas. Seamos inteligentes y busquemos que todos sigan adelante porque las necesidades de las personas son diversas. La inclusión nos lleva a reconocer que los requerimientos de unos son tan importantes como los de los otros. Unos necesitan un lugar donde vivir, otros requieren Pág 3 estimulación para desarrollarse, educación, capacitación y/o traslados para recibir lo que requiere según su realidad vital. Como una primera medida solicitamos, la aplicación de paliativos tales como la exención de los impuestos municipales y provinciales por un período determinado, hasta tanto podamos revertir la difícil situación económica en la que estamos sumidos.
Como representantes de las instituciones, los invitamos a pensar, dejamos abierto el dialogo para trabajar juntos en la búsqueda de más soluciones, ya no temporales sino definitivas para evitar la desaparición de todos los servicios del sistema de prestaciones básicas a favor de las personas con discapacidad.
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SON SUJETOS DE DERECHOS, NO DEBEMOS OLVIDARLO.